Presidida por Alfonso Prat Gay, se reunió hoy la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados para escuchar al sector de empresas PYMES.

Una delegación de la CAME, con dirigentes de todo el país, planteó los siguientes puntos:La Ley que se intenta modificar ha dado sustento a un formato cultural que no alcanza a comprender las problemáticas fundamentales del desarrollo económico y demandas modernas de la sociedad. Una ley mediante la cual la sociedad quedó subordinada a un sistema financiero que limitó tanto el desarrollo del sistema como el de la economía, pero que sin embargo se arraigó muy fuerte en la sociedad como patrón de referencia, e impide pensar que es posible constituir un modelo financiero superador de la estructura actual. Atendiendo a esa realidad, la modificación del marco legal del funcionamiento de las entidades financieras que se propone, debe ser entendida como un proceso que requiere un recorrido en etapas, iniciando un debate profundo, responsable y abierto, cuyo resultado final aporte mayor estabilidad y mejor calidad institucional a los actores del desarrollo económico y social. 

Algunas de las modificaciones que consideramos fundamentales son: 

·                   Convertir al sistema bancario en una institución para la promoción del desarrollo: La Ley de Entidades Financieras prioriza el sistema bancario como ‘negocio’ en sí mismo, sin reparar en que debería ser una gran institución que opere en forma coordinada con el Banco Central para la promoción del desarrollo económico. Actualmente, las entidades financieras son el actor relevante en la Ley, consumidores y empresarios están en un plano secundario. En el esquema actual, la rentabilidad de la banca es más relevante que el fomento de la inversión. Para modificar esto, se requiere redefinir en la Ley el objetivo del sistema financiero, con una orientación desarrollista.

·                   Cambiar el posicionamiento estratégico del BCRA en el sistema bancario: El Banco Central debería dejar de ser un mero controlador de entidades y tener mayor injerencia en la ejecución de políticas activas y en el redireccionamiento del crédito. Con este cambio, la autoridad monetaria tendría la posibilidad de realizar “política monetaria activa”, a través de la organización de redescuentos para otorgar créditos a las PYMES y fijando mediante ese instrumento las condiciones de plazo, las tasas y el régimen de penalidades.

·                   Redireccionamiento del crédito: La Ley de Entidades debería establecer límites al porcentaje de la cartera de crédito de las entidades que pueden ser destinadas a consumo y financiamiento del Estado, empujándolas de esa forma a incrementar el financiamiento a las PYMES. Para redireccionar el crédito se podrían establecer encajes fraccionados. A su vez, es necesario establecer limitaciones a los plazos de financiamiento, impulsando el crédito de mayor plazo.

·                   Poner topes a los costos de financiamiento: La Ley actual no establece topes sobre las tasas y costos financieros que pueden cobrar los bancos. Cuando fue sancionada, se argumentó que la desregulación de tasas incrementaría la oferta de crédito y la mayor competencia reduciría esos ratios. Sin embargo, eso no ocurrió y los elevados intereses estimularon el crédito al consumo en detrimento de la producción. Mientras persista el esquema actual, será imposible orientar el crédito bancario hacia la producción y los bancos continuarán priorizando su rentabilidad, destinando el financiamiento hacia sectores que permiten mayor rentabilidad en menor plazo (préstamos personales o tarjetas de crédito). Una vía para cambiar esta situación es que el BCRA otorgue redescuentos a bancos comerciales, a una tasa equivalente al 50% de la tasa utilizada para operaciones activas del Banco Nación.

·                   Exigir la presencia de las entidades bancarias en todo el país: La Ley 21.526 no sólo hizo desaparecer a los bancos regionales sino que alentó la concentración geográfica de los bancos en pocas zonas del país al no exigir la presencia mínima de entidades en determinadas regiones. Actualmente, el 81% del crédito al sector privado se concentra en cuatro provincias: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, postergando a muchas PYMES localizadas en las economías regionales.    Dentro de las modificaciones necesarias a la Ley 21.526, se debería garantizar la oferta del servicio en todo el país, estableciendo obligaciones de extensión territorial de acuerdo a la participación que tienen las entidades privadas en los depósitos. De esa forma, se evitaría que las entidades destinen el ahorro regional captado para el financiamiento de las grandes empresas multinacionales.

·                   Impulsar las bancas especializadas: La Ley de Entidades Financieras universalizó la banca al permitirles la ejecución de ‘todas las actividades no prohibidas por la ley’, obstaculizando el desarrollo de las entidades especializadas (ejemplo: los Bancos Hipotecarios, los de comercio exterior, etc.). Asimismo, la Ley actual impide que los Bancos Hipotecarios y las cajas de ahorro para la vivienda puedan hacer leasing. Eso es inconsistente en un país con problemas habitacionales como los que existen en la Argentina.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 2010