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Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de la CAME, reflexiona sobre la tarea emprendida y plantea cuestiones a desarrollar.
El 2020 no solo dejó en claro que sin productores no hay alimentos sino también visibilizó el compromiso de nuestro sector agroalimentario para garantizar el abastecimiento de la mesa diaria de todos los argentinos.
Como siempre, desde el área de Economías Regionales gestionamos en defensa de la rentabilidad y competitividad del sector, que representa el 63 por ciento de las explotaciones agropecuarios nacionales y emplea a alrededor del 70 por ciento de la mano de obra rural.
Nuestro país permite producir alimentos en casi todas sus latitudes, pero de poco sirve si los productores no recibimos un precio justo. Sin rentabilidad, no hay producción posible. Es imperioso contar con cierto grado de previsibilidad para promover la inversión y el agregado de valor en origen.
Medidas estratégicas solicitadas
- Ser incorporados, en representación de los usuarios de las economías regionales, a los Consejos Directivos y/o Directorios de organismos descentralizados tales como el INTA, el SENASA, el INASE y el RENATRE.
- Compatibilizar planes sociales y empleo registrado, de forma tal de poder contratar trabajadores en blanco sin que se anulen automáticamente los beneficios sociales que perciben. Las cosechas suelen verse amenazadas ante la falta de disponibilidad de mano de obra.
- Actualizar el Mínimo No Imponible con el objeto de reducir el costo laboral. Desde enero de 2019 está congelado en 17.509,20 pesos.
- Modernizar el Régimen Laboral y crear un Fondo de Cese Laboral por acuerdo paritario entre la parte empleadora y la sindical, para cada actividad. El Fondo, que posibilitará que la indemnización del trabajador se financie durante el período en el que se encuentra en actividad, se nutriría de un aporte mensual obligatorio a cargo del empleador.
- Rediseñar el esquema tributario, para evitar la superposición de tasas y tributos. Nuestro país tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo.
- Cargas impositivas diferenciales, de acuerdo al tamaño de la empresa, y beneficios impositivos para la inversión (por ejemplo, amortización acelerada).
- Tipo de cambio único. Vendemos nuestros productos al oficial pero compramos insumos al valor del dólar mixto. La brecha desalienta la actividad.
- Crear una Cuenta Única Tributaria, donde se registre la totalidad de los saldos a favor y créditos fiscales, para cancelar con agilidad deuda impositiva, previsional y aduanera.
- Implementar un mecanismo de solución para los retrasos en la devolución del IVA (saldo técnico a favor) y que estos se reflejen en la Cuenta Única Tributaria para cancelar obligaciones tributarias y previsionales.
- Reducir los costos de energía eléctrica y gas en los que incurren las pymes agroindustriales, estableciendo en 10.5 por ciento la alícuota del IVA a aplicar sobre el costo final de cada servicio. Además, eliminar cargos ocultos en las facturas.
- Garantizar el funcionamiento de Observatorios de Precios, para desalentar conductas anticompetitivas y transparentar mercados. Hay que evitar que la estructura de formación del precio nazca en la góndola y se vaya disgregando hasta llegar al productor.
- Durante la pandemia, garantizar el traslado de personas y mercadería entre jurisdicciones, exigiendo un permiso único de circulación con validez nacional. Los productos perecederos se deterioran o pierden si se demora su traslado.
- Asegurar la plena aplicación de la Ley de Góndolas, para beneficiar a los consumidores y garantizar que para que las producciones regionales tengan su espacio.